La Revista del ChacoPuntos clave del conflicto ambiental:
Acción directa en Salta: Activistas inmovilizan una topadora con un cepo y colocan una faja de "crimen ambiental" a 50 kilómetros de Orán.
Impacto en la salud y el clima: La pérdida de masa forestal agrava las enfermedades, las inundaciones, la desertificación y la escasez de alimentos y medicinas naturales.
Recorte y flexibilización legal: El proyecto de Presupuesto 2027 asigna apenas el 4% de los fondos correspondientes a la Ley de Bosques y busca ampliar del 20% al 80% las zonas habilitadas para desmontar.
Cifras alarmantes: En lo que va del año, el monitoreo satelital registra más de 73.000 hectáreas deforestadas en el norte argentino y 60.000 incendiadas en la Patagonia.
La deforestación en el norte argentino vuelve a encender las alarmas sanitarias y ecológicas. En una acción directa realizada a 50 kilómetros de la ciudad de Orán, provincia de Salta, activistas de Greenpeace se interponen entre el monte nativo y una topadora que avanza sobre la vegetación, logrando frenar el desmonte ilegal mediante la instalación de un cepo en las palancas de mando de la maquinaria.
Tras detectar a través de imágenes satelitales y sobrevuelos la tala de 700 hectáreas en la finca, los ambientalistas clausuran simbólicamente el vehículo con una faja bajo la leyenda "crimen ambiental" y despliegan una pancarta con un mensaje directo al Ejecutivo: "Milei: ni con motosierra ni con topadora. La Ley de Bosques no se toca".
Más allá de la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas forestales repercute de manera directa en el bienestar y la salud de las poblaciones locales y regionales. Los bosques funcionan como barreras naturales que regulan el clima, purifican el aire, filtran el agua y contienen vectores de enfermedades zoonóticas.
Así lo advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, al señalar las consecuencias inmediatas de la tala indiscriminada: "La deforestación nos vuelve más vulnerables a los efectos de la crisis climática y el Súper Niño. Más desmontes provocan más inundaciones, desaparición de especies, desertificación, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, y pérdida de alimentos, maderas y medicinas".
Frente a este escenario, la organización sostiene que destruir bosques constituye un ecocidio que debe prohibirse de manera efectiva y tipificarse como un delito penal en la legislación argentina.
El reclamo en territorio salteño ocurre en un contexto de fuerte desprotección institucional. Según denuncia la entidad ambientalista, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo asigna a la Ley Nacional de Bosques 26.331 apenas el 4% de los fondos que le corresponden por normativa para prevenir incendios, controlar desmontes ilegales y promover la conservación.
A este recorte se suma una propuesta oficial de modificación de la ley forestal que busca elevar del 20% al 80% la superficie de áreas donde está permitido autorizar desmontes. "Mientras el gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido", sentencia Cruz.
Los datos del monitoreo satelital reflejan la gravedad de la situación actual: en lo que va del año, el norte del país pierde más de 73.000 hectáreas de bosques nativos, mientras que los incendios forestales arrasan con otras 60.000 hectáreas en la Patagonia.
La problemática en el Gran Chaco argentino cuenta además con un frente judicial abierto desde 2019. En aquel año, Greenpeace presenta un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, así como contra el Estado Nacional, por violar la Ley de Bosques y permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en la región. El máximo tribunal ya declaró su competencia en la causa y se aguarda su fallo definitivo.
Para frenar el avance de las topadoras y exigir la penalización de los desmontes e incendios, la organización convoca a la ciudadanía a sumarse a la "República de los Siete Bosques", una red de alerta y protección comunitaria disponible a través del sitio web sietebosques.org.
