La Revista del Chaco
El secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, celebra este jueves la aprobación en la Legislatura provincial de la ley de disolución del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) tras detectar numerosas irregularidades en su funcionamiento durante la gestión provincial anterior. “Estamos muy satisfechos con la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, era un organismo que fue absolutamente viciado en sus objetivos: se terminó en Chaco la discrecionalidad y el uso político del dinero”, subraya en conferencia de prensa.
De esta manera reuerda que la gestión del ex gobernador Capitanich destina el año pasado 16.500 millones de pesos al organismo para el funcionamiento de los consorcios rurales y ladrilleros, los cuales percibieron solo un 2 por ciento de ese monto. “Solo 190 millones fueron a los pequeños productores y 154 millones a los ladrilleros, lo que representa un 1 por ciento para cada sector; el 98 por ciento restante se dilapidó”, grafica Gutiérrez.
Y añade que todo el dinero fue destinado a cerca de 500 organizaciones sociales, casi todas creadas irregularmente para ese fin, lo que derivó también en la intervención del área de Personas Jurídicas del Chaco. “Necesitamos ordenar la provincia. Disolver el Iafep y dejar estos gastos superfluos, le permite al Gobierno del Chaco hacer frente a las obligaciones salariales, pagar aguinaldos en tiempo y forma y ser una de las pocas provincias que paga salarios por arriba de la inflación”, enfatiza el secretario de Coordinación de Gabinete.
Entre las irregularidades detectadas, se habían destinado 10 mil millones de pesos para emergencia habitacional. “Son las famosas casas que no sabemos ni dónde están, y muchas no están terminadas”, dijo. “El uso político del dinero del Iafep quedó notoriamente plasmado cuando la gestión anterior perdió las elecciones provinciales, y el propio presidente del organismo suspendió todas las prestaciones al día siguiente: esto demuestra que era una creación política”, agrega.
En tanto que para infraestructura social se habían destinado 2 mil millones de pesos para que los barrios de las viviendas construidas por el organismo, cuenten con ripio, luz y servicios básicos. “Sin embargo, hemos encontrado barrios donde habitan personas con discapacidad que no tenían calles, ni luz eléctrica, que estamos tratando de solucionar; sometieron a la población a una actitud totalmente política que no tenía nada que ver con los fines del Iafep”, reitera.
Por otro lado, 2 mil millones de pesos -un 13 por ciento del presupuesto total- fueron dirigidos al programa de reciclado “Recitodos”. “¿Cuántas toneladas reciclaron? Nadie lo sabe. Lo cierto es que con esa plata podríamos haber comprado 70 ambulancias cero kilómetros para cada municipio”, remarcó Gutiérrez. Por último, señaló que se realizaron múltiples denuncias por viviendas que tendrían que haberse construido y no se hicieron, por otras que no están terminadas, entre ellas, en lugar de viviendas se encontró un Salón de Usos Múltiples y un quincho con piscina.
Al día con los pagos a Cammesa
En otro orden, Gutiérrez recordó que la Provincia está al día con los pagos a la empresa proveedora de energía eléctrica Cammesa ya que se saldó junio y se pagó julio por adelantado. “Esos pagos que hacemos al mayorista vienen con aumento y ese aumento es trasladado a la boleta, pero no por decisión nuestra, sino por una cuestión legal vinculada a los convenios de los mayoristas con las empresas estatales de todas las provincias”, explica.
En ese contexto confirmó que la boleta de junio podrá ser cobrada en tres cuotas (julio, agosto y septiembre) si el usuario se adhiere. “Por lo tanto, la pérdida, es decir la diferencia al tener que pagar de contado la energía mayorista, la absorbe la provincia”, señaló en respuesta a quienes cuestionan la falta de subsidios y ayuda por parte del Estado provincial para hacer frente a servicios básicos como la luz.
En la oportunidad el funcionario expuso una nota enviada a la provincia por la mayorista Cammesa que certifica el cumplimiento de las obligaciones de pago del último mes facturado. “Esto quiere decir que no solo pagamos junio, sino que además estamos pagando la deuda que nos dejaron del año 2022 y 2023”, concluye.
