La organización ecologista anuncia “la ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sancionada por el Poder Legislativo del Chaco.
Actualidad- Chaco
La Revista del Chaco
Señala que “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas. Greenpeace señaló que la norma desprotege corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté y legaliza las recategorizaciones prediales otorgadas en forma irregular en la gestión de Peppo”.
“A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alerta Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para resolver un recurso de amparo presentado en 2019 por la asociación ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero por permitir la destrucción de su hábitat y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos.
La organización ecologista advierte que incorporará a la causa la denuncia sobre la nueva normativa forestal de Chaco porque la misma “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II - amarillo, al pasarlas a Categoría III - verde, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.
Por otra parte, Greenpeace destaca la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación: “no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La organización advierte que el nuevo Ordenamiento “permitirá el desmonte legal de más de un millón hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los OTBN de las provincias deberían ir en esa dirección”.
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