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Ante desmontes ilegales, la legislación ambiental exige la restauración de las áreas afectadas, explican desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal. En esta área coordinan con la Fiscalía de Estado del Chaco, la aplicación de infracciones.
Nuestra TierraDesde la Dirección de Bosques del Chaco coordinan acciones con la Fiscalía de Estado de la Provincia, a fines acordar el proceso jurídico para exigir por esa vía la restauración de los bosques nativos afectados, como consecuencia de la aplicación de infracciones por desmontes.
Acerca de esto, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, indica que “La legislación ambiental y de Bosques Nativos exige que independientemente de las sanciones de multa que se apliquen por desmontes ilegales, se debe concretar la restauración de los bosques afectados”.
En concreto, esto significa que cada vez que se detecta una infracción se aplica una multa, que representa una sanción económica, pero que además impone la obligación de recomponer el daño ambiental ocasionado. “Si el infractor no paga la multa correspondiente se remiten las actuaciones correspondientes a la Fiscalía de Estado para que se ejecute judicialmente con medidas preventivas como puede ser el embargo, explica Olivares.
“La sanción no solo debe ser económica, porque si la condición de afectar un bosque solo se circunscribe a una multa, este concepto podría llegar a ser incluido como parte del costo de explotación para un desarrollo inmobiliario o rural”, detalla.
Y en esa línea, remarca: “La clave es la obligatoriedad de la restauración del ambiente como un mecanismo para el cumplimiento estricto de la ley, que sirva para detener la deforestación y contribuya a la sustentabilidad, que es lo que nosotros en definitiva buscamos”, apunta el funcionario.
En último término, Olivares comenta que los datos estadísticos indican que “en el año 2.018 se detectaron alrededor de 25 mil hectáreas de desmonte, de las cuales el 30 por ciento era de manera ilegal. En el 2.019, fueron 19 mil hectáreas. En lo que va de 2.020 son 6 mil hectáreas. Esto significa que en los últimos 2 años se detectaron desmontes ilegales en unas 15 mil hectáreas, de las que vamos a exigir la restauración correspondiente, demanda judicial mediante.
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