Repudian golpes a mujeres indígenas en Chaco

Recuerda el INAES que el 2 de agosto del corriente año fueron golpeadas por un grupo de personas, en la ciudad de Miraflores, provincia del Chaco.

“Claramente es un acto que atenta el reconocimiento y el respeto hacia la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Desde el INAI garantizamos el respeto a la identidad, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan   y regulamos la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.

 Entendemos que es el único camino para asegurar la paz social en una Argentina Pluricultural. Artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas como el Artículo 75 inciso 22 en la 5 Constitución Nacional.  “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Por ende propiciamos la prórroga de la ley 26160, que vence en noviembre de este año; cuyo borrador del proyecto, está presentado ante la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y tiene la incorporación de una partida presupuestaria determinada para culminar con los relevamientos”, manifiesta.

A todo lo expuesto agrega “el puntual hecho que este comunicado repudia no solo atenta contra los pueblos originarios, sino puntualmente contra las mujeres indígenas, que participan en el reconocimiento de esos derechos. Los cuales no son aislados, sino que dan cuenta de un tipo de violencia que cierto sector de la sociedad avala y que además tiende a institucionalizar en manos de la fuerza policial, salud e inclusive nuevas-viejas fuerzas civiles con prácticas que nos retrotraen.

 Es central que las acciones resolutivas tengan como punto de partida el reconocimiento de las desigualdades e injusticias por motivos de género. Para lo cual se ha puesto a disposición las herramientas institucionales y de gestión que consideren el impacto diferenciado desde las intervenciones del Estado en la vida de las personas, a fin de abordar estos problemas de manera tal que generen efectivamente cambios y resultados concretos en el acceso y ejercicio de derecho”.