Debate por las pensiones por invalidez: Cuestionamientos al Gobierno por estigmatización y falta de datos

BUENOS AIRES — El Vocero Presidencial, Lic. Adrián Ravier, enciende la polémica tras comparar el crecimiento de las pensiones por invalidez laboral con el de países en conflicto bélico. La afirmación genera una inmediata respuesta desde sectores especializados, quienes atribuyen el incremento a un cambio de paradigma social e insisten en que la pobreza estructural explica las cifras actuales.

Entre los años 2001 y 2023, el padrón de beneficiarios pasa de 75.947 a 1.221.971 personas. Esta variación responde a políticas concretas de inclusión y no a maniobras irregulares generalizadas.

Claves del crecimiento y contexto real

• Eliminación del cupo rígido: Se deja de lado el esquema de 80.000 pensiones que exigía una baja previa para otorgar un alta.

• Búsqueda activa e inclusión: Se implementó una política para identificar a personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad.

• Cobertura amplia: Se extendió el beneficio a personas con dificultades objetivas de inserción laboral y a menores de edad protegidos contra el trabajo infantil.

• Impacto de la pobreza estructural: La falta de acceso a salud y nutrición genera condiciones discapacitantes en contextos de vulnerabilidad prolongada.

Datos que desmienten el discurso oficial

Desde el Foro Permanente por la Discapacidad señalan: "las estadísticas internacionales e históricas indican que en Argentina existen al menos 1,5 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza. Los datos oficiales expuestos para justificar sospechas representan un porcentaje mínimo frente al universo total de asignaciones.

Sobre un relevamiento de 21.812 pensiones suspendidas, solo en 105 casos se detectaron irregularidades formales. Esto equivale al 0,48 % del universo auditado y al 0,0086 % del total general de beneficiarios.

El margen de error identificado resulta insignificante para justificar la estigmatización generalizada del padrón. Especialistas señalan un sesgo en el discurso público que omite investigar presuntos sobreprecios y compras no justificadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante gestiones recientes. La estrategia de comunicación gubernamental construye un clima propicio para aplicar recortes presupuestarios sobre la población más vulnerable".