La Revista del ChacoLa presentación ante la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Irene Khan (con comunicación dirigida también a Leopoldo Maldonado Gutiérrez), expone la evolución de los ataques contra los comunicadores en Argentina a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA:
2023: Se registran 116 casos en total (con 5 ataques atribuidos a la figura presidencial: 3 a Alberto Fernández y 2 a Javier Milei).
2024: Las agresiones ascienden a 179 casos, de los cuales 56 son generados por el presidente Milei.
2025: Se reportan 278 casos (119 atribuidos al jefe de Estado), marcando hasta ese momento el pico más alto del registro.
2026: En lo que va del año se supera el récord histórico al alcanzarse 175 hechos de agresión protagonizados directamente por el Presidente, lo que representa más del 60% del total nacional.
"FOPEA advierte ante la Relatoría que la evocación de la violencia física contra periodistas identificados con nombre y apellido, formulada por el jefe de Estado, representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa."
El documento enviado al organismo internacional detalla la intensificación en la retórica del Poder Ejecutivo hacia los profesionales de la información:
Ataques en redes sociales: El pasado 6 de octubre, el Presidente publica en la red social X la frase "Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono".
Cena de la Fundación Faro: El viernes 23 de octubre, tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el mandatario menciona con nombre y apellido a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, agregando posteriormente: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".
El informe compila además una serie de vulneraciones sistemáticas al ejercicio periodístico en todo el territorio nacional:
Violencia en protestas: Represión por parte de fuerzas federales frente al Congreso, destacando las graves heridas en la cabeza sufridas por el reportero gráfico Pablo Grillo en marzo de 2025 y los siete trabajadores de prensa impactados por balas de goma en la Marcha Federal Universitaria.
Fake news e Inteligencia Artificial: Campañas de hostigamiento con videos manipulados mediante IA contra la periodista Julia Mengolini, amplificados desde el Ejecutivo, sumado a la campaña de estigmatización contra FOPEA orquestada en marzo de 2026 por la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación.
Bloqueo a la información pública: Modificaciones por decreto en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública (septiembre de 2024) y el cierre de la Sala de Prensa de Casa Rosada durante 11 días continuados (del 23 de abril al 4 de mayo de 2026).
Judicialización y censura previa: Medidas cautelares y censura en casos como los audios atribuidos a Karina Milei, la Compañía de Circuitos Cerrados de Tucumán y las investigaciones sobre la AFA.
Precarización y retrocesos normativos: La condena a un equipo periodístico en Formosa por carecer de "carnet" (exigencia no obligatoria en Argentina), la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el avance de los desiertos de noticias locales.
Frente a este escenario, FOPEA exige que el organismo de la ONU remita una comunicación oficial al Estado argentino y emita un pronunciamiento público recordando las obligaciones del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los funcionarios a abstenerse de discursos estigmatizantes. Asimismo, solicita la evaluación de una visita oficial al país en coordinación con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (ante la cual ya se expuso este panorama en audiencia pública en diciembre de 2025).
"La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía del derecho de toda la sociedad a estar informada", concluye el organismo en su comunicado institucional.
