La Revista del ChacoLa organización civil Naturaleza de Derechos visibiliza una situación institucional que involucra a la Dra. Virginia Carolina Aparicio, investigadora del INTA Balcarce y del CONICET. A través de un manifiesto público, la entidad alerta sobre un proceso sumarial en curso que busca la exoneración de la profesional, hecho que califican como un riesgo para la libertad de investigación científica en el país.
Aparicio encabeza desde hace años diversos proyectos orientados al monitoreo y análisis de plaguicidas en suelos y fuentes de agua. Sus aportes técnicos resultan determinantes en actuaciones judiciales vinculadas con la contaminación ambiental, tales como los expedientes tramitados en la localidad de Pergamino o las resoluciones del Tribunal Oral N.º 2 de Rosario, donde sus dictámenes periciales respaldan la imposición de restricciones a las fumigaciones en zonas habitadas.
La controversia suma tensión a partir del desarrollo en el país del Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea destinada a evaluar la exposición a plaguicidas y sus mezclas en seres humanos, animales y el ambiente. Tras la recolección de datos que arrojan indicadores de presencia de químicos en los territorios analizados, las autoridades del INTA ordenan en junio de 2023 la suspensión de la presentación pública de los hallazgos y desvinculan posteriormente al organismo del programa europeo. En 2025, la especialista pasa a enfrentar un sumario administrativo que impulsa su separación definitiva.
Desde Naturaleza de Derechos señalan que este tipo de medidas disciplinarias busca condicionar la autonomía de los profesionales de la ciencia pública encargados de evaluar los efectos de los modelos productivos sobre la salud y el medio ambiente. En respuesta al avance del expediente, la agrupación promueve una campaña de recolección de firmas mediante un
