La Revista del ChacoEl conflicto institucional y ambiental por la tutela de las reservas de agua en Argentina suma un nuevo capítulo estratégico. Greenpeace rechaza de manera categórica el procesamiento penal de 12 de sus activistas e interpone un recurso de apelación ante la Justicia. La defensa técnica solicita a la Cámara que revoque la medida dictada e imponga el sobreseimiento definitivo de los involucrados.
La causa se origina durante la manifestación pacífica efectuada en las escalinatas del Congreso de la Nación, en pleno debate senatorial por la reforma de la Ley de Glaciares. Pese a que la propia resolución judicial confirma la ausencia de violencia, daños materiales o afectación al tránsito vehicular y al funcionamiento ordinario del Parlamento, los manifestantes enfrentan imputaciones por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. La intervención busca visibilizar el regresivo impacto de la reforma legislativa sobre el ambiente periglacial.
Desde el liderazgo operativo de la entidad, el sesgo de la respuesta judicial genera fuerte preocupación. "Defender el ambiente no es un crimen, es un derecho. Mientras la Justicia avanza con tanta rapidez en el procesamiento de los 12 activistas por una protesta pacífica que buscó poner en agenda la defensa de los glaciares y el agua, casi 900.000 personas seguimos esperando una respuesta sobre la demanda colectiva que exige que se declare la inconstitucionalidad de la reforma", sostiene Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace.
El expediente penal se desarrolla en un contexto de amplia movilización civil. Durante el tratamiento inicial del proyecto en la Cámara de Diputados, más de 102.000 ciudadanos se inscriben para intervenir en la audiencia pública, proceso que deriva posteriormente en el respaldo de casi un millón de firmas a la acción de inconstitucionalidad. Greenpeace ratifica su compromiso con el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y confirma la continuidad de su ofensiva judicial para restituir los estándares de protección sobre las cuencas hídricas estratégicas del país.
