El Senado frena las modificaciones a las leyes de Manejo del Fuego y Tierras Rurales, tras presión ciudadana

La presión social frena los planes del oficialismo. Tras el fuerte rechazo de organizaciones sociales, masivas movilizaciones en las calles y un aluvión de expresiones en las redes sociales.
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El Senado de la Nación decide no avanzar con los cambios propuestos por el gobierno a las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego, los cuales ingresan inicialmente en el marco de la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Ante este escenario, Greenpeace celebra la decisión y destaca el rol fundamental de la participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes, logrando blindar normativas clave que protegen los ecosistemas del país frente a la especulación.

Claves de la normativa defendida

  • Ley de Tierras Rurales: Limita de manera estricta la compra de tierras nacionales y cuerpos de agua por parte de actores extranjeros.

  • Ley de Manejo del Fuego: Impide la venta de bosques, humedales y pastizales afectados por incendios, neutralizando el negocio de la especulación inmobiliaria y favoreciendo la recuperación natural del terreno.

“Es una clara victoria de la gente que estas leyes que protegen ecosistemas sigan en pie”, sentencia Hernán Giardini, coordinador de campañas de Bosques en Greenpeace Argentina.

La sombra de los incendios y el impacto ambiental

La discusión legislativa ocurre en un contexto crítico para el patrimonio natural argentino. Un reciente informe de la organización ambientalista advierte que el último verano la Patagonia sufre los peores incendios forestales de las últimas seis décadas, con más de 60.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El reporte señala que el 95% de estos siniestros responden a causas humanas, ya sean accidentales o intencionales, un dato que alimenta el rechazo absoluto a cualquier intento de flexibilización regulatoria.

“La destrucción de bosques es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas”, enumera Giardini.

Por este motivo, desde la organización ambientalista ratifican su profunda preocupación ante cualquier intento oficial de debilitar la protección ambiental y exigen el camino opuesto: la pronta penalización efectiva de los desmontes ilegales y de los incendios forestales en todo el territorio nacional.

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