La Revista del Chaco
El mismo pretende prohibir la participación de intermediarios que sean ajenos a las autoridades provinciales en el proceso de selección y asignación de beneficios.
"Se acercaron beneficiarios de planes sociales a contarnos relatos de aprietes, amenazas con quitarles los beneficios si no iban a marchas, extorsiones por favores sexuales, entre muchos otros casos de atropello a estas personas", asegura el diputado.
La ley incluiría la definición de los beneficiarios directamente a través del Poder Ejecutivo por vía reglamentaria y bajo una serie de criterios específicos de universalidad "eliminando o disminuyendo al máximo la discrecionalidad en la asignación de estos beneficios".
"Tenemos una larga lista de casos similares a los de Quintín Gómez y Jorge Bregui en nuestra provincia que denotan la impunidad de los allegados al poder y la infinidad de beneficios que puede generar el silencio cómplice y los mecanismos hechos a la medida, la única manera de evitar que esto ocurra es regular estos procesos y ponerle límites al Estado", agrega.
